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En defensa de la UNAM

John M. Ackerman

L

os asesinatos del periodista Rubén Espinosa, en el Distrito Federal, y del niño Hidilberto Reyes en Ostula, Michoacán, confirman la extrema desprotección en que nos encontramos todos los mexicanos. Los ciudadanos hemos sido totalmente abandonados por las instituciones públicas. Nadie nos protege de la infinita voracidad de los gobiernos mafiosos coludidos con los más oscuros intereses nacionales e internacionales.

Es un verdadero milagro que México se mantenga hoy de pie como nación soberana y con esperanza hacia el futuro. Ello se debe al enorme compromiso, conciencia, capacidad organizativa y espíritu de lucha que la sociedad mexicana demuestra todos los días. Si los mexicanos en realidad fueran tan apáticos, dejados,egoístas o ignorantes como muchos insisten, nuestro país hubiera dejado de existir ya hace mucho tiempo. Los mexicanos salen adelante todos los días gracias a su esfuerzo individual, así como a un arraigado sentido de responsabilidad colectiva producto de siglos de combativas luchas sociales.

Una de las únicas instituciones públicas que hoy todavía defienden y acompañan a los mexicanos en su permanente lucha por un mejor futuro es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Frente a la incultura y el cinismo de los gobernantes asesinos, la máxima casa de estudios mantiene iluminada la antorcha de la esperanza de una transformación social al servicio del intelecto y los valores humanos.

Es precisamente por ello que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere acabar de una vez por todas con la autonomía y la independencia de la UNAM. Si la comunidad universitaria permite que el candidato enviado por la Presidencia de la República, Sergio Alcocer, llegue a ser el próximo rector, ello marcará el principio del fin de la integridad de una de las únicas instituciones públicas hoy todavía al servicio de la patria.

Alcocer fungió como subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía durante el sexenio de Felipe Calderón. Desde ahí trabajó con José Antonio Meade para preparar la ruta para la privatización energética consumada el año pasado. Después de llegar a Los Pinos, Peña premió a Alcocer con el nombramiento de subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde entonces, Alcocer ha sido el principal arquitecto del vergonzoso y criminal entreguismo del actual gobierno a los intereses de Washington en las materias de seguridad pública, migración, energética, comercial, espionaje y represión a los movimientos sociales.

Por mi raza hablará el espíritu, reza el lema de la máxima casa de estudios. El logotipo de la universidad incluye un mapa de toda América Latina, con México a la cabeza. Y no solamente el emblema de la UNAM, sino también la gran trayectoria y el trabajo actual de la universidad defienden férreamente la dignidad y el valor universales de los pueblos mexicanos y latinoamericanos.

Con la candidatura de Alcocer se busca desmontar esta larga tradición para convertir a la UNAM en una vil copia de segunda clase de las universidades privadas de élite de Estados Unidos. Universidades como Harvard, Yale y Stanford están al servicio del dinero y el poder. Tienen la función de preparar técnicamente y establecer redes de poder entre los jóvenes de las familias más adineradas del país. En contraste, la UNAM siempre ha fungido como la conciencia de la nación y un gran motor de movilidad social.

En su última visita a México, el vicepresidente estadunidense, Joe Biden, señaló de manera condescendiente que la UNAM eratan buena como Harvard o Yale. Se equivocó el brazo derecho de Barack Obama. La UNAM es una institución mucho mejor que aquellas pequeñas universidades de élite. Sería un verdadero desastre para el país que la UNAM dejara atrás su vocación latinoamericanista y de excelencia académica para subordinarse al poder privatizador e imperial de Washington.

Hace dos años advertimos en estas mismas páginas que después de la privatización del petróleo los corruptos vendrían por las otras instituciones públicas, como la UNAM, el IMSS y el IPN (véase:http://ow.ly/QonXJ). El paso del tiempo ha ido confirmando nuestras predicciones al pie de la letra.

En la comunidad de la UNAM tenemos mucho que aprender del valiente ejemplo de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. El año pasado, frente al intento de imponer un nuevo plan de estudios privatizador y entreguista, la comunidad politécnica se movilizó no solamente para defender su gran legado institucional, sino también para renovar integralmente sus órganos directivos, así como democratizar la gestión interna del instituto en su conjunto.

Los más de 340 mil alumnos, 38 mil académicos y 28 mil trabajadores administrativos que hoy formamos parte de la comunidad de la máxima casa de estudios no deberíamos limitarnos a expresar nuestro rechazo contundente al nuevo embate de Peña Nieto contra nuestra universidad. También deberíamos trabajar en favor de una transformación de raíz en la forma autoritaria y opaca en que hoy se toman las decisiones institucionales en la universidad.

Para empezar, tanto el rector como los integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM deberían ser elegidos por medio de una votación universal, directa y secreta abierta a todos los miembros de la comunidad académica. Manos a la obra.

Rubén Espinosa, in memoriam, justicia ya, ni uno más.

johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

¿El fin de las instituciones públicas?

John M. Ackerman

E

n lugar de construir y legitimar las instituciones públicas, nuestra clase política está empeñada en debilitarlas y destruirlas. La iniciativa energética de Enrique Peña Nieto no solamente busca privatizar la industria petrolera, sino también desaparecer Pemex. Si la sociedad no logra detener esta nueva agresión, mañana podrían seguir UNAM, IPN, UAM, IMSS, Issste, Infonavit, entre otras.

Así como hoy estamos obligados a comprar el agua potable de empresas privadas ante el fracaso del Estado para garantizar nuestro derecho al vital líquido, mañana los servicios médicos serían accesibles sólo para quien los pueda comprar. Así como hoy se han multiplicado las autodefensas en Guerrero y Michoacán ante la complicidad de las autoridades con el crimen organizado, mañana los jóvenes tendrán que autoeducarse o, en su caso, recurrir a costosos endeudamientos para pagar la admisión a las universidadespúblicas.

Carlos Salinas eliminó la posibilidad de una política industrial soberana y de un sano desarrollo para el campo con sus privatizaciones corruptas, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y sus propias reformas al artículo 27 constitucional. Ernesto Zedillo privatizó las pensiones del IMSS y con el Fobaproa obligó al pueblo a pagar el oneroso rescate bancario de las familias más adineradas del país. Vicente Fox traicionó los indígenas de México con su desconocimiento de los acuerdos de San Andrés y favoreció a las empresas monopólicas con el otorgamiento de generosos beneficios fiscales. Felipe Calderón facilitó la quiebra de la aerolínea Mexicana, desapareció a Luz y Fuerza del Centro y privatizó las pensiones del Issste.

Hoy Peña Nieto da continuidad a esta tendencia destructora al proponer borrar de un plumazo el petróleo, la electricidad, la petroquímica y todoslos demás hidrocarburos del listado de áreas estratégicas de la nación enumeradas en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional. Asimismo, sus reformas al artículo 27 permitirían a las empresas trasnacionales controlar la extracción, refinación y transporte del petróleo y el gas natural en todo el país.

Tal como ha explicado aBloomberg el ex brazo derecho de María del Carmen Alanís en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hoy flamante subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa Reza, el control de estas empresas será tan completo que incluso les permitirá reportar las reservas como suyas en Wall Street (véase:http://ow.ly/o20iY). La reforma también permitiría a las grandes empresas lucrar y especular con la generación de electricidad en México. Es evidente la intención de desplazar a Pemex y la CFE para sustituirlas por Chevron, Shell, Halliburton y empresas de generación de electricidad corruptas y defraudadoras, como Enron.

Resulta una vil mentira y un insulto a la inteligencia del pueblo mexicano la idea de que la iniciativa presidencial no sería privatizadora ni sacrificaría la soberanía nacional. Con la reforma, empresas privadas que trabajan en función de sus accionistas en Wall Street y obedecen órdenes de gobiernos extranjeros tomarían el control sobre algunas de las áreas más sensibles de la economía nacional. Se impondrían sus leyes y sus prioridades por encima de las normas nacionales y el bienestar de los mexicanos.

Recordemos que el motivo principal que impulsó la expropiación petrolera en 1938 fue que las petroleras internacionales desconocieron las leyes del país. Específicamente, se negaron a reconocer el derecho constitucional de los trabajadores a un salario digno y una jornada laboral de 40 horas semanales. También chantajeaban con dejar de extraer y producir petróleo si el gobierno los obligaba a cumplir con la ley. Cuando las empresas persistieron en su intransigencia aún después de que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en su contra, el presidente Lázaro Cárdenas fue obligado a actuar.

Quedarse inmóvil hubiera significado aceptar la existencia de dos órdenes jurídicos en el país, uno para las empresas extranjeras y otro para el pueblo mexicano. La decisión de Cárdenas de asumir el control estatal sobre las empresas petroleras fue en aras de garantizar la plena vigencia del Estado de derecho para todos por igual en el territorio nacional.

Hoy Peña Nieto propone devolver el petróleo, junto con el premio adicional del gas natural y la electricidad, a las mismas empresas que fueron expropiadas hace 75 años. Así, da continuidad a las últimas tres décadas de presidentes mexicanos quienes han traicionado el legado de Cárdenas al fomentar un estado de excepción para los empresarios más poderosos y darle la espalda al pueblo trabajador.

Los trabajadores de la industria petrolera son el sector más vulnerable ante una eventual privatización y tendrían que ser los primeros en levantar la voz. Un reciente reportaje del Washington Post (véase:http://ow.ly/o20RW ) revela cómo las empresas trasnacionales incurren sistemáticamente en prácticas laborales abusivas e ilegales, como en 1938. La reforma energética es entonces similar a la reforma educativa. Una vez más se busca que los trabajadores de base paguen los costos de la corrupción de los funcionarios gubernamentales y los líderes sindicales.

Peña Nieto y sus socios se frotan las manos en espera de grandes recompensas por su servicio a Washington y al gran capital. Pero quien realmente merece ser premiado es el pueblo de México: mujeres, hombres y jóvenes libres quienes han logrado sobrevivir con el sudor de su frente décadas de robo por de parte de sus gobernantes. El primer paso para recuperar un poco de lo que les corresponde será tomar las calles para poner un alto definitivo al saqueo que implica la reforma energética del PRI.

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