Manual para desparecer una noticia

Manual para desparecer una noticia

Por: Héctor Tenorio / 13 febrero, 2015

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El gobierno federal ha utilizado a los medios de comunicación de masas como un instrumento para difundir e imponer su propia versión de los hechos y así mantener el orden establecido. La eficacia de dicha estrategia pasa por la agenda-setting que determina la importancia de la información que se va a difundir. No obstante, enfrenta un reto mayor: Ocultar mediáticamente a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que desde el pasado 26 de septiembre del 2014, están desaparecidos. Convirtiéndose desde ese fecha en el símbolo de la resistencia contra el proyecto neoliberal que asesina a México.

En Los Pinos no parecen entender la regla de oro en el manejo de una crisis: Control total de la información, eso no se ha logrado, en el resto del mundo continúan buscando la verdad sobre lo sucedido. No obstante, intentan desplazar el asunto de Ayozinapan con otra información. Creyeron tener una oportunidad la mañana del 29 de enero, cuando un pipa de gas explotó enfrente del Hospital Materno Infantil en Cuajimalpa. Los medios insertaron el tema en el ánimo de la población, pero a medida que iba pasando el tiempo, se diluía el efecto.

Entonces recurrieron a las historias secundarias de los personajes que salvaron las vidas de los bebés. A pesar del esfuerzo la trama se desinfló debido a la falta de conflicto. Los culpables recibieron su castigo, el chofer está en la cárcel y los dueños de la gasera serán multados, fin de la historia. La lección es volverlo a intentar. El nuevo escándalo es el fraude cometido por Carlos Mateo Aguirre Rivero hermano de Ángel Aguirre gobernador con licencia de Guerrero.

Otro estorbo que han tenido los medios de comunicación de masas y el presidente de la República es la voluntad de los padres de los estudiantes quienes no pierden la esperanza de encontrar a sus hijos con vida. Ahora, respaldan el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que sostiene que la Procuraduría General de la República (PGR) miente en su “verdad histórica” ya que nunca demostró que los muchachos murieron. Desde su punto de vista, la indagatoria no puede concluir, toda vez que falta procesar una cantidad importante de evidencias.

De manera tardía la PGR reaccionó, consideró inaceptable que se pretenda sembrar dudas, acusa a estos extranjeros de malagradecidos ya que nunca actuaron como peritos independientes, sino que se les incorporó a la investigación como peritos de esa institución. En la versión de las autoridades se indica que la EAAF recibió los dictámenes, diligencias y evidencias de todas las actuaciones practicadas en el caso. Acusan a los argentinos de irresponsables por no haber estado presentes al momento que se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el Río San Juan. Incluso se les recuerda que no son autoridades y por eso no podían firmar la cadena de custodia de los hallazgos.

La PGR se justifica al asegurar que a la EAAF no se les invitó a la diligencia para practicar un dictamen en las inmediaciones del Basurero de Cocula, el 15 de noviembre, ya que carecen de peritos en materia de balística, sólo tienen en antropología, criminalística y genética. Por lo que sus alcances son limitados. En fin son unos buenos para nada. Entonces, ¿Por qué el gobierno mexicano aceptó su ayuda?

El problema de fondo de la administración de Enrique Peña Nieto es la credibilidad, han realizado una investigación poco transparente y se sospecha que sembraron las pruebas. A finales de febrero llegaran expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el caso se enredará otro tanto. Además los padres de los estudiantes amenazan con visitar de manera sorpresiva los cuarteles del ejército en Guerrero. Eso no terminará bien.

Ante tantas ineficacias, los medios de comunicación de masas tienen la responsabilidad de terminar el trabajo que no ha podido concluir el procurador Jesús Murillo Karam, enterrar en el olvido a los 43 normalistas que hoy alumbran la lucha de una nación carente de justicia.