Luego de años de pensarlo, científicos, abogados, moralistas y algunos médicos del Departamento de Salud lograron convencer a Lázaro Cárdenas, que para acabar con el mal de las adicciones era necesario legalizar. Se debía establecer un monopolio estatal sobre la venta de drogas y tratar a los toxicómanos como enfermos.
Así, el 17 de febrero de 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas publicó un nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías del Departamento de Salubridad Pública, en el Diario Oficial:
“Considerando… Que la práctica ha demostrado que la denuncia [de la ‘toxicomanía’ y el ‘tráfico de drogas enervantes’] sólo se contrae a un pequeño número de viciosos y a los traficantes en corta escala, quienes por carecer de suficientes recursos no logran asegurar su impunidad; Que la persecución de los viciosos que se hace conforme al reglamento de 1931 es contraria al concepto de justicia que actualmente priva, toda vez que debe conceptuarse al vicioso más como enfermo al que hay que atender y curar, que como verdadero delincuente que debe sufrir una pena; Que por falta de recursos económicos del Estado, no ha sido posible hasta la fecha seguir procedimientos curativos adecuados con todos los toxicómanos, ya que no ha sido factible establecer el suficiente número de hospitales que se requiere para su tratamiento; Que el único resultado obtenido con la aplicación del referido reglamento de 1931, ha sido el del encarecimiento excesivo de las drogas y hacer que por esa circunstancia obtengan grandes provechos los traficantes…”
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