¿Cómo ganar 3 millones de pesos con las Normas 30 y 31 de Mancera?

¿Qué está pasando?

En septiembre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) podría cambiar la forma de construir y planificar el desarrollo urbano en esta ciudad. El problema es que ese cambio no es para nada el mejor. Promoverá el enriquecimiento de las constructoras con subsidio del Gobierno del Distrito Federal, permitirá construcciones desmedidas en zonas sin la infraestructura ni los servicios adecuados y empeorará la funcionalidad de la ciudad.

La Norma General de Ordenación Número 26 del Distrito Federal será derogada y el Jefe de Gobierno propone sustituirla por las normas 30 y 31. La derogación y sustitución serán discutidas próximamente  por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para, más tarde, ser aprobado en el pleno. Aunque los estatutos de la Asamblea obligaban a circular el dictamen entre los diputados con anterioridad para que pudiera analizarse con tiempo, pero bajo las nuevas modificaciones, el dictamen podrá ser votado por el pleno en cuanto sea recibido.

En su versión actual, la norma 26 de desarrollo urbano ampara la construcción subsidiada de viviendas de interés social. Sin embargo, en la práctica se utiliza para la construcción de proyectos de interés medio y alto en colonias donde está prohibido. Existen al rededor de 3 mil edificios construidos bajo la norma 26, pero de ellos, sólo 12% pusieron sus departamentos a disposición bajo el precio acordado para el interés social. El resto resultaron ser mucho más caros.  Así, el subsidio al interés social parece no estar beneficiando a aquellos para los que fue pensado.

La nueva propuesta sustituirá esta norma por las flamantes 30 y 31, que en vez de solucionar el problema, lo agravan, pues permitirá que desvíos similares puedan ser aplicados en muchas más zonas de la ciudad. Si el dinero del interés social es usado para hacer construcciones que más tarde puedan venderse a precios muy altos, entonces algo no está funcionando.

¿Qué podría pasar?

En primer lugar, la sustitución de la norma impedirá aclarar las irregularidades que se presentaron con la anterior. Hace tiempo, un conjunto de organizaciones entregaron a las autoridades del DF una lista de análisis y pruebas de que el subsidio permitido por la norma 26 no tenía el efecto que debía: ofrecer vivienda a los ciudadanos que participan en programas de interés social. Por el contrario, al destinar aquellos recursos a la construcción de edificios en zonas caras, permitió que las viviendas ahí construidas terminaran teniendo precios exorbitantes y fueran concedidas a quienes pudieran lucrar con ellas.

Durante el Foro de las normas 30 y 31, las propias autoridades del Distrito Federal informaron que el 78% de las viviendas de interés social construidas con subsidio bajo la norma 26 no cumplieron el criterio de precio de venta: resultaron ser más caras de lo planeado.

En segundo lugar, la nueva disposición permitirá crear proyectos de interés social en más de 700 colonias en las que actualmente no está permitido. Esto permitirá que el desvío de recursos se lleve a cabo en mucho más lugares, que se aprueben muchos más proyectos que beneficiarán a las constructoras y no a los acreedores de los programas y que las viviendas construidas con dinero público sean vendidas a quienes tienen más recursos.

En breve, la nueva normatividad permitirá que SEDUVI y el INVI aprueben la construcción de proyectos de vivienda de “interés social” con recursos públicos que beneficiarán al grupo de las inmobiliarias y de los que tienen más dinero. En efecto, la norma no es clara en cuáles son los criterios que convierten a alguien en candidato para comprar o vender esta clase de vivienda. Sabemos que cuando las reglas son oscuras, no benefician a aquellos a los debería ir encamindas.

Tampoco existirá límite para la construcción vertical, lo que significa que en el espacio donde puede construirse una casa para una familia, podrá construirse un edifico para 100. El problema fundamental es que los proyectos podrán ser aprobados sin que los servicios del terreno, la movilidad de los nuevos vecinos ni las condiciones de la zona sean considerados. Así, en un terreno que tiene una toma de agua capaz de satisfacer las necesidades de hasta 10 personas, podrá construirse un condominio que exigirá agua para 500, aunque las constructoras podrán seguir obteniendo beneficios por ella.

Las inmobiliarias podrán seguir construyendo edificios que no estén pensados para el interés social con subsidios que vengan de tus impuestos. Por si esto fuera poco, estos proyectos podrán ser vendidos posteriormente a precios exorbitantes y, por estar ubicados en zonas donde antes el interés social no estaba permitido, tendrán precios altísimos, resultado de la especulación del mercado. Una vez más, aquellos que debían verse beneficiados por estos proyecto serán los más perjudicados y las grandes inmobiliarias y aquellos que seas elegidos por criterios oscuros como acreedores a estas viviendas serán los únicos beneficiados.

¿Qué puedes hacer?

Los ciudadanos y sobre todo, aquellos que buscan un nuevo espacio en el Distrito Federal, merecemos planes de desarrollo sustentables diseñados con inteligencia. Merecemos también que los subsidios gubernamentales destinados a la vivienda sean usados con transparencia y de forma eficiente, beneficiando a los ciudadanos y no a las grandes inmobiliarias ni aquellos que deseen lucrar con estos proyectos.

Si a ti también te preocupa el futuro de la ciudad y deseas programas de vivienda justos, firma la petición en Change.org para detener la aprobación de las normas 30 y 31 y exigir una normatividad apegada a derecho, transparente y justa para todos.