Avanza Ley Peñista para suspender derechos y garantías individuales
(29 de abril, 2014).-El Senado de la República aprobó en comisiones, por unanimidad, el dictamen de la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, donde se precisa que Peña Nieto podrá ordenar la suspensión de derechos y garantías individuales en cualquier parte del territorio nacional donde considere que existe un grave peligro o un fenómeno social violento que ponga en riesgo la estabilidad del país.
En el artículo tercero de la ley reglamentaria se establece que el titular del Ejecutivo podrá solicitar la restricción o suspensión de derechos cuando ocurra una invasión; cuando se registre un hecho de perturbación contra la paz pública, que fue definido como cualquier fenómeno social violento que ponga en peligro la estabilidad del país; o cuando haya una situación grave de peligro o conflicto en donde se contemplan catástrofes naturales, pero también catástrofes provocadas por una persona, epidemias, escasez de productos básicos o similares.
La ley de Estado de excepción, que podrá ser votada el próximo 30 de abril en el pleno de la Cámara Alta, se presenta de manera abstracta, dejando el camino libre para criminalizar el derecho a la protesta y la libre manifestación, pues no hay claridad ni precisión en los términos jurídicos. Por ejemplo no se explican las particularidades de un fenómeno social violento, ni se especifica en qué consiste un una catástrofe provocada por una persona y tampoco se matiza qué es una situación grave de peligro dentro de las razones por las cuales el presidente puede decretar Estado de excepción.
Ante esta noticia el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social aseguró que el dictamen es regresivo y ambiguo; y exigió a los a los senadores analizar con rigor y con apego a estándares internacionales de derechos humanos la iniciativa de la ley del artículo 29 constitucional.
También desmintió e hizo un extrañamiento a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien afirmó que las organizaciones fueron consultadas para la elaboración de la citada iniciativa de ley y su dictamen, cuando en realidad las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos no fueron convocadas a ninguna consulta en torno al tema.
Por su parte Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en entrevista para La Jornada, apuntó que dicho dictamen de reglamento no debe ser presentado al pleno en el actual periodo ordinario de sesiones, sino que debe revisarse y corregirse, pues no se ajusta a lo establecido por la Constitución y por ello es inaceptable.
Por último, el defensor de derechos humanos aseguró que los mexicanos no quieren un Estado democrático simulado.
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